El riesgo de sesgo del jurado en el caso de Begoña Gómez: la visión de un abogado penalista

El jurado popular español está formado por nueve ciudadanos y dos suplentes, elegidos por sorteo entre los integrantes del censo electoral de la provincia. Las acusaciones y las defensas pueden interrogarlos y recusar hasta cuatro candidatos sin necesidad de expresar una causa concreta, además de solicitar la exclusión de quienes presenten una incompatibilidad o un interés en el procedimiento.

Este sistema pretende garantizar la imparcialidad, pero puede presentar dificultades especiales en una causa tan conocida y políticamente polarizada como la seguida contra Begoña Gómez, que debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme condenatoria. Desde la experiencia de un abogado penalista, este tipo de procedimientos exige un análisis particularmente riguroso de la selección del jurado.

El principal problema: una opinión formada antes del juicio

Es probable que muchos candidatos hayan recibido durante meses información sobre la investigación y hayan formado una opinión previa. El riesgo no consiste simplemente en conocer el caso, sino en llegar al juicio convencido de la culpabilidad o de la inocencia de la acusada.

Pueden aparecer dos prejuicios opuestos:

• Considerar que Begoña Gómez se benefició necesariamente de su condición de esposa del presidente del Gobierno.
• Entender que el procedimiento constituye necesariamente una persecución política y que, por ello, debe ser absuelta.

Ninguno de estos razonamientos es jurídicamente admisible. La responsabilidad penal es personal y debe determinarse exclusivamente a partir de las pruebas practicadas en el juicio.

Sesgos que pueden afectar al veredicto

En una causa de estas características pueden concurrir principalmente:

• Sesgo de confirmación: valorar con mayor intensidad las pruebas que coinciden con la opinión política previa.
• Efecto de repetición: considerar verdadero un hecho porque ha aparecido reiteradamente en medios de comunicación o redes sociales.
• Sesgo por parentesco: juzgar a la acusada por su relación con el presidente, en lugar de analizar su conducta concreta.
• Polarización política: convertir el procedimiento en una valoración del Gobierno, de la oposición o del juez instructor.
• Presión del grupo: permitir que los jurados con posiciones políticas más firmes condicionen la deliberación colectiva.
• Dificultad técnica: confundir irregularidades administrativas, valoraciones éticas o privilegios políticos con los elementos concretos exigidos para apreciar un delito.

¿Son suficientes las recusaciones?

La ley permite formular preguntas a los candidatos y recusar sin causa hasta cuatro por las acusaciones y cuatro por las defensas. Sin embargo, este número puede ser insuficiente cuando existe una exposición mediática generalizada.

Además, el sistema español no cuenta con un interrogatorio de selección tan amplio como el utilizado en Estados Unidos. Resulta difícil detectar prejuicios implícitos, especialmente cuando el candidato afirma que será imparcial, pero conserva una convicción previa muy arraigada.

Por ello, la defensa debería solicitar preguntas específicas sobre:

• Opiniones públicas manifestadas sobre el procedimiento.
• Identificación política especialmente intensa.
• Creencia previa sobre la culpabilidad o inocencia.
• Capacidad para prescindir de las noticias conocidas.
• Posible influencia de la condición de esposa del presidente.

No debería excluirse a una persona por su ideología, pero sí a quien demuestre que no puede revisar su opinión conforme a la prueba.

Conclusión

El riesgo esencial es que el juicio se convierta en un plebiscito sobre Pedro Sánchez o sobre el Gobierno. El jurado no debe decidir si aprueba la actuación política del presidente, sino si se ha probado, más allá de toda duda razonable, la conducta penal atribuida personalmente a Begoña Gómez.

Desde la perspectiva de la defensa penal, la selección del jurado, la formulación neutral del objeto del veredicto y las instrucciones sobre presunción de inocencia serán determinantes. En Abogado Martín, José Martín García ejerce como abogado penalista en procedimientos complejos y causas sometidas al Tribunal del Jurado.