D ……………….., mayor de edad, con número de DNI ……………….., con domicilio a efectos de notificaciones en ……………….., calle, avenida o plaza ……………….., ……………….., número ……………….. piso ……………….. Código Postal ……………….., en nombre propio o en nombre de ……………….., cuya representación tiene acreditada con ……………….. [la adjunta copia autorizada de la escritura de poder de la que acompaño copia simple a fin de que, una vez cotejada me sea devuelto el original o, en su caso, la acreditación que corresponda], como mejor proceda comparezco y
Que el día ……………….. me ha sido notificada la resolución sancionadora dictada por ……………….., en el expediente número ……………….., y en la que se acuerda imponer a la empresa una multa de ………………..
Que, contra dicha resolución por considerarla no ajustada a Derecho, interpongo en el plazo de un mes concedido al efecto, RECURSO DE ALZADA, basado en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
PRIMERO.Que con fecha ……………….. se dictó resolución sancionadora que tiene su origen en el acta de infracción número ……………….. en la que se impone una multa de ……………….., ya que, de conformidad con el artículo 22.7 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, los hechos descritos han sido calificados como constitutivos de la siguiente infracción GRAVE:
No solicitar, en tiempo y forma, el alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
SEGUNDO.Que en el acta de infracción más arriba referenciada y en el informe complementario posterior que sirven de fundamento a la resolución sancionadora, se reflejan unos hechos que no responden a la realidad de lo acaecido, al no describirse pormenorizadamente el supuesto comportamiento infractor, ni destacar cuáles son los hechos relevantes a efectos de la tipificación y graduación de la sanción. En concreto, los hechos tal y como sucedieron son los siguientes:
………………..
TERCERO.Que la calificación realizada en el expediente sancionador de los anteriores hechos no es conforme al ordenamiento jurídico puesto que no se dan los elementos objetivos y subjetivos de la infracción presuntamente cometida, en base a las siguientes razones:
A) [Opción 1ª:] En relación a los elementos objetivos de la infracción, los hechos reflejados en el acta de infracción no son ciertos puesto que mi solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se comunicó el día ……………….. mediante ……………….., es decir, dentro del plazo de los treinta días naturales siguientes a aquel en que concurren las condiciones determinantes de mi inclusión en el campo de aplicación de este Régimen Especial.
[Opción 2ª:] Mostramos nuestra absoluta disconformidad con los hechos relatados en el acta de infracción por cuanto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, la actividad consistente en ……………….. no se realiza de forma habitual ni tampoco es fundamental para atender a las necesidades de mi unidad familiar.
[Opción 3ª:] Negamos categóricamente los hechos tal y como se exponen en el acta de infracción ya que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, no es procedente el alta en este Régimen Especial por el mero hecho de ostentar la titularidad del establecimiento ……………….., máxime cuando al solicitarse la pensión de jubilación en ……………….. se anunció por escrito presentado el día ……………….. el propósito de continuar en la titularidad del negocio y el nombramiento de un regente y, pese a ello, se reconoció la mencionada pensión mediante resolución de ……………….. dictada por ………………..
[Opción 4ª:] Nos oponemos frontalmente a los hechos y circunstancias descritas en el acta de infracción puesto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, la empresa ……………….. cursó mi alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena por la actividad de ……………….. que es precisamente la que dio lugar a que se levantara el acta de infracción ……………….. Esta sujeción a un contrato de trabajo supone el hecho de no estar comprendido en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
[Opción 5ª:] Los hechos que constan en el acta de infracción no responden a la realidad por cuanto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, mi actividad profesional como agente de seguros se limita exclusivamente a la conservación de la cartera de clientes de modo que no puedo solicitar el alta en este Régimen Especial por no trabajar habitual y personalmente.
[Opción 6ª:] Los hechos que se reflejan en el acta de infracción no son ciertos y, además, contradictorios, puesto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, mi actividad profesional en la sociedad mercantil ……………….. consiste en ……………….., es decir, se limita al mero ejercicio de funciones consultivas y de asesoramiento, por lo que estoy excluido del campo de aplicación de este Régimen Especial. En resumen, aunque ostento el cargo de ……………….. formando parte del órgano de administración de la mencionada mercantil, dicho cargo no comporta en ningún momento funciones reales y efectivas de dirección y gerencia de la misma.
[Opción 7ª:] No son ciertos los hechos y circunstancias que se reflejan en el acta de infracción ya que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, estoy excluido del campo de aplicación de este Régimen Especial por cuanto que, si bien ostento la condición de administrador de la sociedad mercantil ……………….., mi actividad profesional en la mencionada entidad consiste en ……………….., es decir, se limita el mero ejercicio de funciones consultivas y de asesoramiento y no comportan en ningún momento funciones reales y efectivas de dirección y gerencia de la misma.
[Opción 8ª:] Los hechos y circunstancias consignados en el acta de infracción son totalmente erróneos, toda vez que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, estoy excluido del campo de aplicación de ese Régimen Especial por cuanto que, si bien presto los servicios retribuidos en la sociedad mercantil ……………….., no poseo el control efectivo de ésta por mi participación directa o indirecta en su capital social, toda vez que las acciones o participaciones cuya titularidad ostento en dicha entidad son ……………….., es decir, no suponen en ningún caso la mitad de su capital social.
[Opción 9ª:] Mostramos nuestra absoluta disconformidad con los hechos relatados en el acta de infracción por cuanto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, estoy excluido del campo de aplicación de ese Régimen Especial por ser personal de alta dirección a que se refiere el artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y no formar parte del órgano de administración de la sociedad mercantil ……………….., por lo que estoy dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social con fecha ………………..
[Opción 10ª:] Además, el acta de infracción califica genéricamente los hechos como falta de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, sin describir pormenorizadamente la conducta realizada y no se aportan los elementos de juicio necesarios, dado lo escaso del relato, para que el órgano competente sancionador pueda adoptar su decisión, ni tampoco para que el inculpado pueda defenderse de unos hechos que no se describen con el detalle necesario para poder ser calificados como constitutivos de esta infracción, tal y como reiteradamente viene exigiendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.
B) En cuanto al elemento subjetivo, los hechos acaecidos no son susceptibles de incardinarse en la infracción administrativa tal y como se hizo en el acta de infracción, sino que en atención a lo sucedido y a las circunstancias de hechos concurrentes no existe culpabilidad del empresario, máxime si se tiene en cuenta que:
La sanción ha sido erróneamente impuesta pues no existe intencionalidad alguna por mi parte en no darme de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, dadas las peculiaridades del caso concreto y máxime cuando he sido dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen ……………….. En resumen, existe una mera discusión jurídica sobre el Régimen de encuadramiento y no una falta absoluta de alta y cotización del/de los trabajador/trabajadores en cuestión y, por ello, no hay culpabilidad en la actuación empresarial.
CUARTO.Que la sanción impuesta, consistente en el pago de una multa en cuantía de ……………….. euros, vulnera el principio de proporcionalidad y demás principios que informan el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de infracciones en el orden social, atendiendo al relato de hechos más arriba reseñado.
Que para la demostración de las afirmaciones anteriormente manifestadas, se propone la práctica de los siguientes MEDIOS DE PRUEBA ……………….., que incomprensiblemente el órgano instructor y sancionador no admitieron con anterioridad a dictarse la resolución sancionadora.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
La resolución sancionadora es nula de pleno derecho al ser dictada por un órgano manifiestamente incompetente, puesto que se ha firmado por delegación vulnerando lo establecido en el artículo 16.4 y artículo 127.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La resolución sancionadora es contraria al principio de tipicidad (artículos 25.1 de la Constitución y 1.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) puesto que los hechos reflejados en el acta de infracción no se corresponden con el precepto que supone o implica la vulneración del ordenamiento ni tampoco con el precepto que tipifica tal infracción, por lo que en el expediente sancionador se ha realizado una aplicación analógica de la norma sancionadora que no comprende en su descripción a los hechos sancionados. En consecuencia, el acta de la Inspección infringe el artículo 53.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
La resolución sancionadora no es correcta porque vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución pues el acta de infracción no goza de la presunción legal de certeza del artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, por realizar una descripción insuficiente o inadecuada de los hechos relevantes a los efectos de la tipificación de la infracción y graduación de la sanción y de los medios probatorios empleados. De la simple lectura del acta de infracción, resulta que en ésta no se consignan los hechos o circunstancias del caso con precisión, incurriendo en una obvia inconcreción al limitarse a realizar meras calificaciones jurídicas
En el expediente sancionador se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución, por cuanto que la carga de la prueba corresponde a la Administración y en ningún momento se ha probado la culpabilidad de la supuesta conducta infractora, no siendo posible destruir la mencionada presunción de inocencia mediante indicios, sospechas de culpabilidad o a través de una valoración subjetiva del derecho sancionador sin respaldo de pruebas de los hechos en que pudiera fundarse. Es evidente que en el acta de infracción no se reflejan los elementos trascendentales para el juicio de culpabilidad, con infracción del artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
La acción cometida carece del elemento de la culpabilidad, por lo que no puede imponerse sanción alguna. En efecto, la aplicación de esta infracción administrativa requiere la presencia de intencionalidad en el autor de la infracción, lo que no sucede en el presente caso en el que no me di de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos sino en ……………….. debido a un mero error injustificable. Se plantea, pues, una duda real de cuál es la clase de Régimen de la Seguridad Social en que debo estar encuadrado o, dicho en otros términos, una simple discusión jurídica sobre el Régimen de encuadramiento por lo que no procede sanción alguna.
En este sentido, se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1982 y 12 de diciembre de 1990 (Archivo, 1991, 5907).
Téngase en cuenta, además, que la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1990 afirma que «frente a la construcción de la Seguridad Social como departamentos estancos, es clara hoy la unidad sistemática, como servicio público estatal» y que «de una afiliación, alta y cotización en concreto, por la aplicación de la normativa rectora de un Régimen no adecuado al caso, no puede deducirse la consecuencia de que exista una falta absoluta de cotización por no haberse cotizado según la normativa rectora del Régimen aplicable, pues realmente la cotización ha existido, aunque sea insuficiente».
En el expediente administrativo sancionador se han vulnerado los derechos de defensa reconocidos a todos los ciudadanos en los artículos 24 de la Constitución y 135 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, porque no se ha informado de la imputación de los hechos, de las infracciones y de las sanciones, así como del instructor y, en segundo lugar, porque no se ha admitido a trámite las pruebas propuestas sin resolución motivada y las demás que sean conducentes para la comprobación de los hechos presuntamente infractores
La resolución sancionadora no es correcta en cuanto que el acta de infracción infringe lo dispuesto en el artículo 14.1 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. En concreto, el acta de infracción adolece de las siguientes graves irregularidades formales que condicionan o menoscaban la defensa del imputado:
[Opción A:] Omisión o error en la identificación del presunto sujeto infractor, así como en los datos societarios relevantes pues en el acta de infracción se hace constar ………………..
[Opción B:] Falta de consignación de los medios probatorios pues en el acta de infracción se hace constar ……………….., con la consiguiente inadecuación o insuficiencia.
[Opción C:] Falta de consignación del funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo.
[Opción D:] Falta de consignación de la fecha del acta de infracción, que resulta necesario para el conocimiento y la defensa de cuándo se produjeron el presunto comportamiento infractor.
En el procedimiento sancionador se han infringido todos los trámites esenciales destinados a la comprobación efectiva y adecuada de los hechos, por lo que resulta vulnerado el artículo 14.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
[Opción 1ª:] Existe un excesivo lapso de tiempo entre los supuestos hechos infractores y la actuación inspectora que invalida el acta de infracción recurrida. Así, una inspección realizada en fecha ……………….., no puede acreditar los hechos acaecidos en el pasado, en concreto en fecha ………………..
[Opción 2ª:] No existe una comprobación efectiva de los supuestos hechos infractores por cuanto que no se ha procedido a una comprobación in situ sino en virtud de expediente administrativo, de acuerdo como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 10 diciembre 1992 (AL nº 2424, 675/93).
[Opción 3ª:] El acta de la inspección de trabajo carece de eficacia probatoria por tratarse de una deducción o conjetura, sin base fáctica objetiva, lo que resulta evidente de la comprobación efectuada, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo de 20 abril 1992 y 16 febrero 1994
[Opción 4ª:] Existe una falta de comprobación efectiva y adecuada de los hechos al extenderse el acta sólo en base a declaraciones de los trabajadores sedicentes contra el empresario, por lo que estamos ante un acta basada en pruebas parciales de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 15 septiembre 1992.
[Opción 5ª:] Téngase presente que el acta de la Inspección se basa en la denuncia de un solo trabajador, D ……………….., que según manifestaciones de sus propios compañeros presumía de que podía cerrar la empresa, resultando contradicha por la prueba testifical de los trabajadores afectados ante fedatario público, que tiene por ello relevancia a efectos de desvirtuar la presunción legal de certeza del acta de la Inspección, de acuerdo con la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1989
[Opción 1ª:] El artículo 47 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
[Opción 2ª:] Los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que exigen para estar incluido en su campo de aplicación realizar de «forma habitual» un actividad económica en relación con los artículos 1 y 2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
En cuanto al requisito de la «habitualidad», la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1987 declara que «esta característica de habitualidad, esencial para conceptuar la relación, hay que conectarla con la realización de trabajo», por lo que la habitualidad supone que el trabajo personal y directo debe ser cotidianamente la principal actividad productiva que el trabajador desempeñe lo que «no se compagina en los Subagentes Productores de Seguros, toda vez que esta labor es secundaria o complementaria de otra principal que constituye el núcleo central de la actividad productiva, por lo que ante la inexistencia de esta nota esencial, el acta levantada por el Inspector sobre la falta de afiliación y cotización a dicho Régimen carece de cobertura normativa», máxime cuando el trabajador es, a la vez, empleado de banca.
La sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1990 declara que «el dato de haberse encontrado al marido, trabajador del campo, afiliado a su Régimen Especial, ocupado en el bar de su esposa a donde acude y así se admite cuando no tiene trabajo, todo lo más que descubre es que presta una labor secundaria, porque su oficio principal es ser trabajador agrícola; si ayuda a su esposa y como tal carece de relación laboral con ella está buscando un complemento para su subsistencia, no desempeñando una principal actividad productiva, de manera que se hace imposible estar a la vez sometido a ambos Regímenes, por lo que el acta levantada por la Inspección por falta de afiliación y cotización, que es el único particular a que se extiende el recurso de apelación, carece de cobertura necesaria».
La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997 declara que «la superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad. Aunque se trate de una cifra prevista para la remuneración del trabajo asalariado, el legislador recurre a ella con gran frecuencia como umbral de renta o de actividad en diversos campos de la política social, y específicamente en materia de Seguridad Social, de suerte que en la actual situación legal resulta probablemente el criterio operativo más usual a efectos de medir rentas o actividades. La superación de esta cifra, que está fijada precisamente para la remuneración de una entera jornada ordinaria de trabajo, puede revelar también en su aplicación al trabajo por cuenta propia -y, en concreto, al trabajo de los subagentes de seguros-, la existencia de una actividad realizada con cierta permanencia y continuidad, teniendo además la ventaja, como indicador de habitualidad del trabajo por cuenta propia, de su carácter revisable».
La sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 1 de diciembre de 1976 declara que un agente de seguros no está integrado en el campo de aplicación del Régimen Especial de Autónomos «cuando la actividad queda limitada a la conservación de la cartera», en tanto que no puede apreciarse como un ejercicio normal y habitual de la actividad.
[Opción 3ª:] Los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que exigen para estar incluido en su campo de aplicación realizar de «forma personal y directa» un actividad económica a título lucrativo, en relación con los artículos 1 y 2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1986 no considera procedente el alta en el Régimen Especial de Autónomos, en relación con la titularidad de un establecimiento y la posibilidad de obtener la misma tras la pensión de jubilación, porque «no consta que sean distintas de las que implican ejercicio de titularidad, sin indicio alguno de que se haya producido esa presencia física, ese trabajo de despacho, de oficina o de otro tipo, en la circunstancia de que al solicitar la pensión de jubilación anunció al Organismo demandante el propósito de continuar en la titularidad del negocio y el nombramiento de un regente, sin que deba desconocerse que en el campo de lo que se denominan funciones de titularidad y en el más amplio de actividades de explotación, pueden existir zonas coincidentes, lo que no debe llevar a desvirtuar el supuesto de excepción, si no se justifica el ejercicio en plenitud de los trabajos por cuenta propia que dan lugar a su inclusión en el Régimen Especial de Autónomos».
La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1996 declara que «el art. 2.1 D 2530/1970 de 20 de agosto (Régimen Especial de la S.S. de trabajadores autónomos) considera como trabajador por cuenta propia o autónomo, a efectos de su obligatoria inclusión o afiliación a su Régimen Especial, a aquel que realiza actividad económica lucrativa, sin sujeción a contrato laboral, de manera habitual, personal y directa, estableciendo el apartado 3 del precepto, como únicos supuestos de presunción iuris tantum , la integración sindical en el concreto sector o actividad del interesado o bien ostentar la titularidad de establecimiento abierto al público, y no concurre en el caso ninguno de estos dos supuestos de presunción de ejercicio de actividad, ni se acredita la realización directa y personal por trabajador de actividad de transporte alguna. La reclamación de cuotas al mismo, como afiliado al señalado Régimen por parte de la TGSS es, pues, improcedente, dado que la licencia fiscal de la que estaba en posesión es un documento que habilita para el ejercicio de una actividad pero que, por sí sólo, no supone el desarrollo real de la misma, que es lo que efectivamente determina la inclusión en el campo de aplicación del Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en los términos establecidos en el art. 2 del citado Decreto».
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 4 de octubre de 1994 (Archivo, 1995, 19336) entiende ante un pensionista de jubilación del Régimen Especial Agrario que «la profesión del actor no ha sido nunca la de autónomo, pues el bar de su esposa es regentado y explotado por ella», teniendo presente que la misma figura en alta en Licencia Fiscal y en el Régimen Especial de Autónomos, sin que dicho pensionista desarrollara su actividad laboral en dicho establecimiento.
[Opción 4ª:] Los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que exigen para estar incluido en su campo de aplicación realizar de «forma habitual, personal y directa» un actividad económica a título lucrativo «sin sujeción por ella a contrato de trabajo», en relación con los artículos 1 y 2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
[Opción 5ª:] La disposición adicional vigésima séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la nueva redacción dada por el artículo 34 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social relativa al encuadramiento de los socios trabajadores y miembros de los órganos de administración de las sociedades mercantiles capitalistas dentro del Sistema de la Seguridad Social, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
[Opción 6ª:] El artículo 97.2.a) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la nueva redacción dada por el artículo 34 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en relación con el artículo 2.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La sanción impuesta vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, puesto que la sanción no se adapta a la gravedad de la infracción, así como a las circunstancias de hecho concurrentes que no han sido tenidas en cuenta a la hora de graduar la multa infligida. Al no considerarse relevantes las circunstancias de graduación, la sanción debe imponerse en la cuantía inferior del grado mínimo, máxime cuando el acta de infracción no contiene una descripción detallada de tales circunstancias, incurriéndose en arbitrariedad y discrecionalidad impropia de un expediente administrativo sancionador. En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, en relación con el artículo 114 y artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, SOLICITA:
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