LEGíTIMA DEFENSA

            1.         CONCEPTO DE LA LEGÍTIMA DEFENSA

El delito es ante todo una acción típica y antijurídica, es decir, contraria al ordenamiento jurídico y prevista como tal en el mismo.

Las causas de exclusión de la antijuricidad o causas de justificación también denominadas, son aquellas que excepcionalmente impiden que una conducta pueda revestir los caracteres del delito, al faltar en ella la nota de la antijuricidad, es decir, en caso de concurrir las causas de exclusión, la acción realizada será conforme a derecho, aunque aparentemente reúna los caracteres del delito.

La característica fundamental de una causa de justificación es la de excluir totalmente la posibilidad de cualquier consecuencia jurídica: no sólo penal, sino también civil, administrativa, etc., y no sólo respecto del autor, sino también de quienes lo hayan ayudado o inducido.

La doctrina ha considerado como causas de exclusión de la antijuricidad: La legitima defensa, obrar en cumplimento de un deber, oficio o cargo, y el estado de necesidad. Por su parte el Código Penal ha venido acogiendo esta figura en su articulo 20.4 bajo la rubrica de «las causas que eximen de responsabilidad criminal».

De lo anterior se extrae el concepto legal del la legitima defensa como, «aquella causa que justifica una conducta contraria a derecho, exonerando de responsabilidad a su autor, cuando el mismo hubiera obrado en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que exista una agresión ilegítima previa, la necesidad racional del medio empleado para repelerla, y la falta de provocación suficiente por parte del defensor».

      NATURALEZA Y FUNDAMENTO DE LA LEGÍTIMA DEFENSA

El fundamento de la legítima defensa, propia o de un tercero trae su causa en el principio según el cual «el derecho no necesita ceder ante lo ilícito»; de éste surge una doble consecuencia: no sólo se acuerda un derecho de defensa individual, sino también de ratificación del orden jurídico como tal. Por este motivo, el agredido no está obligado, en principio, a evitar la agresión mediante un medio distinto de la defensa, por ejemplo, huyendo.

La condición fundamental de la legitimidad de la defensa es la necesidad de la misma. En principio, no se requiere generalmente, que haya proporcionalidad entre el daño que se causa con la defensa al agresor y el daño que hubiera causado la agresión. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones afirmando que la necesidad de la defensa como reverso de la agresión ilegitima es un requisito esencial, para que pueda hablarse de  legítima defensa, tanto a efectos de eximente completa o incompleta, o incluso como atenuante analógica (Sentencia: 231/04, de 26 de febrero y 1766/99, de 9 de diciembre)

 REGULACIÓN NORMATIVA EN LA LEGÍTIMA DEFENSA

El libro 1 del Código Penal dedicado las disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables, las penas y las medidas de seguridad, en su Capitulo II, bajo la rubrica «De las causas que eximen la responsabilidad criminal», acoge en su artículo 20, párrafo 4°, la regulación de la legitima defensa, al disponer:

«Están exentos de responsabilidad criminal: El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

A). Agresión ilegitima. En caso de defensa de los bienes se reputara agresión ilegitima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o perdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas.

B).  Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Falta de provocación suficiente por parte del defensor».

De la anterior regulación se derivan los requisitos de la legítima defensa, distinguiendo así:  Por agresión ilegitima, debe entenderse todo ataque, inminente, real, directo, injusto, inmotivado e imprevisto (Sentencia del Tribunal Supremo 1766/1999, de 9 de diciembre), por lo que se entiende que debe ser dolosa es decir, causada intencionadamente, sin que se admitan las formas imprudentes de la agresión ilegitima, debiendo asimismo no encontrarse amparada en derecho, por ello no cabe la defensa necesaria de quien ejercita un derecho, por ejemplo frente a un policía o un ciudadano que procede a efectuar una detención en los casos autorizados por ley.

Respeto al carácter de «inminente», se requiere, que la legitima defensa se ejercite frente a una agresión actual, por tanto si ya ha sido consumada y agotada, la relación posterior, no cabe considerarse como una legitima defensa, sino como una venganza, como en los casos donde el agresor una vez consumada su agresión abandona el lugar del hecho, y la víctima le dispara por la espalda, en tal supuesto no cabría apreciar la eximente de legítima defensa (Sentencia del Tribunal Supremo: 722/1998, de 20 de mayo).

La agresión deberá ser real, es decir quien emplea legítima defensa lo debe hacer frente a una agresión real no respecto a una agresión que solo existe en su imaginación.

Bienes jurídicos defendibles:

Cualquier bien jurídico puede ser objeto de una agresión y, por lo tanto, defendible, no hay duda respecto a la vida, la integridad física como bienes que deben ser protegidos frente a agresiones ilegitimas, aunque el honor ha sido objeto de controversia en cuanto a su consideración de objeto de legítima defensa. Serán bienes defendibles los propios, y los ajenos, asumiendo la defensa que la víctima no puede hacer (por ejemplo la defensa de una mujer que va a ser objeto de agresión sexual).

La defensa de bienes del Estado «defensa necesaria del Estado» está excluida, sin embargo, de la defensa necesaria salvo que se trate de bienes individuales (por ejemplo: habrá agresión, y por tanto será posible la defensa necesaria, si concurren los demás elementos, cuando alguien atente contra la propiedad del Estado; No la habrá en el sentido de esta disposición si se trata de ataques al orden público en general, o a la «esencia de la patria», o al «ordenamiento constitucional»: el articulo 8.1 de la Constitución no otorga un derecho activo de defensa, sino un derecho de resistencia frente a órdenes contrarias a la Constitución.

Según reiterada jurisprudencia, respecto a la riña tumultuaria o en grupo, el acometimiento mutuo y voluntario, simultáneamente aceptado, la riña o el desafío, también mutuamente aceptado, excluyen la idea de agresión legitima, generadora de la legitima defensa, porque los contendientes se convierten en recíprocos agresores (Sentencias del Tribunal Supremo: 1520/2002, de 25 de septiembre; y 1166/1998; de 10 de octubre).

 Necesidad de la defensa

La necesidad de la acción de defensa es racional cuando ésta es adecuada para impedir o repeler la agresión. Significa la necesidad de la defensa que el agredido no puede acudir a otro medio que no sea el de defenderse para evitar el ataque del agresor y sus consecuencias. La relación entre la agresión y la acción necesaria para impedirla o repelerla, por tanto, debe ser tal que se pueda afirmar que, de acuerdo con las circunstancias del hecho, la acción concreta de defensa era adecuada para repeler o impedir la agresión concreta.

Aunque la doctrina se ha planteado la cuestión de si cabe hablar de legitima defensa en los casos en que fuera posible evitar la agresión ilegítima mediante la huida, el Tribunal Supremo ha declarado que no es exigible al agredido que evite la agresión huyendo, excepto en aquellos donde la huida, es posible, no vergonzante y con ello es seguro que no habrá agresión (casos en que la agresión ilegítima provenga de un niño, de un enfermo mental, etc), Sentencias del Tribunal Supremo: 1766/1999, de 9 de diciembre; y 1630/2002, de 2 de octubre).

Como se desprende del fundamento de la defensa necesaria, no es exigible, en principio, que haya proporcionalidad entre el daño que hubiera causado la agresión y el daño causado por la defensa, sino simplemente la necesidad de ésta respecto del fin de impedir la agresión (racionalidad). Sin embargo, la proporcionalidad del daño que causaría la defensa respecto del daño amenazado por la agresión determina la exclusión del derecho de defensa si la desproporción es exagerada. Ejemplo: la defensa de una manzana no autoriza a privar de la vida al que se apodera de ella para hurtarla, o el supuesto en el que, frente a un intento de hurto se responde causando la muerte del agresor, ya que no cabría hablar de legítima defensa frente al ataque de un tercero a bienes propios.

Asimismo se excluye el derecho de defensa necesaria en los casos de estrechas relaciones personales (padres-hijos; esposos; comunidad de vida, etc.). Ello sólo significa que en estos casos debe recurrirse, ante todo, al medio más suave, aunque sea inseguro. Ejemplo: el marido no tiene derecho a matar a su mujer para impedir que ésta lo abofetee.

El Tribunal Supremo ha venido declarando en numerosos pronunciamientos que, respecto a los medios de defensa y ataque habrá de existir una proporcionalidad entre los mismos, no solo en cuanto a los instrumentos utilizados, sino en el modo de utilizarse, aunque sea de difícil valoración, (Sentencias del Tribunal Supremo: 444/2004, de 1 de abril; y 1053/2002, de 5 de junio).

Falta de provocación suficiente

El derecho español ha requerido tradicionalmente como presupuesto de la defensa necesaria la falta de provocación de la agresión por parte del que se defiende.

La interpretación de este requisito produce serias dificultades en la teoría y en la práctica.

El Tribunal Supremo ha entendido que es provocación suficiente la que es adecuada a la reacción del provocado. En la doctrina se ha señalado que por provocación suficiente debe entenderse aquella que al hombre medio le hubiera determinado una reacción agresiva.

En la teoría se discute si la provocación debe ser intencional o si es suficiente cuando ha ocurrido por descuido. Asimismo hay quienes han interpretado la provocación como una agresión ilegítima, al entender por talla acción que justifique la agresión, con lo que el requisito sería superfluo. Ahora bien si la provocación va encaminada a que reaccione el provocado pero con la intención de atacarle, desaparecerá la posibilidad de legitima defensa, tanto como eximente completa como incompleta e incluso como atenuante, toda vez, faltaría el «ánimo de defenderse» que es esencial en la figura de legitima defensa.

Jose Martin