ABOGADOS COLLADO VILLALBA

Suspensión cautelar del nuevo juicio a Lluis Corominas, yerno de los Tous

El procedimiento que para Lluis Corominas, yerno de la familia de joyeros Tous, comenzó el 9 de diciembre de 2006 en la finca de sus suegros está próxima a su fin o, al menos, parece haberse tomado una pausa.

Aquel día, Lluis Corominas abatió de un disparo a Gazmend Sinani, un asaltante de nacionalidad albano-kosovar que se disponía, junto a su banda, a perpetrar un robo en la vivienda de los Tous, situada en una zona residencial de Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Corominas fue alertado por el guarda de seguridad de la finca de la presencia de unos sospechosos que, tres días antes, ya habían estado merodeando por las inmediaciones. Cogió una pistola y se dirigió a la casa de sus suegros, situada a pocos metros de la suya y abatió de un tiro a uno de los asaltantes, que estaba agazapado dentro de un Renault Megane junto a otro sospechoso. La actitud del fallecido y de su acompañante, Dulji Kosum, hizo temer a Corominas por su vida, apretando en ese momento el gatillo presa del miedo y de la indefensión, según declaró después.

Lluis Corominas fue juzgado por estos hechos en un juicio con jurado popular en junio de 2011 y fue absuelto de los cargos, al considerarse que actuó en legítima defensa y presa de un miedo insuperable que no le permitía pensar con claridad. Sin embargo, la fiscalía recurrió la sentencia y tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo coincidieron en que debía repetirse el juicio por la insuficiente y escasa motivación de la sentencia.

Los abogados de Corominas interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que la repetición del juicio vulneraría los derechos fundamentales de su cliente al presentar de nuevo las pruebas que ya fueron examinadas por un jurado popular y anular el veredicto.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite este recurso y ha ordenado que se suspenda cautelarmente la celebración de un nuevo juicio que podría atentar contra los derechos de Corominas. Así la pesadilla del yerno de los Tous parece estar próxima a terminar, aunque el Tribunal Constitucional tiene, ahora, la última palabra. Hasta entonces, el nuevo juicio queda en punto muerto, a la espera de una decisión que volverá a revivir los hechos de aquel fatídico 9 de diciembre o los enterrará para siempre.

La Junta de Andalucía sigue sin pagar a los abogados de oficio del Caso Malaya

Los tres abogados del turno de oficio que prestaron asistencia jurídica gratuita a los imputados en el Caso Malaya aún no han cobrado gran parte de sus minutas. El Colegio de Abogados de Málaga estima que la cantidad adeudada por la Junta de Andalucía asciende a unos 20000 euros por letrado.

El cálculo se ha realizado basándose en la Orden Autonómica de 09/03/2009, de «Procedimiento penal abreviado con más de mil folios», que establece el pago de 25 euros por cada 1000 folios de un auto judicial. Precisamente en esta orden se halla el principal escollo para el cobro de los honorarios, debido a que la Junta de Andalucía se escuda en la diferencia entre «procedimiento penal abreviado» y «procedimiento penal ordinario» para inhibirse del pago.

El Colegio de Abogados de Málaga ha interpuesto una demanda contra la Junta por este motivo, en la que reclama el pago de 25000 euros más los intereses legales pertinentes para la abogada del turno de oficio Gema María Díaz Canales. Esta entidad presentará dos demandas más para solicitar el pago a los otros dos letrados que también actuaron de oficio.

La laguna jurídica que existe sobre los módulos de compensación económica en sumarios que exceden los 1000 folios es la baza que esgrime el Colegio de Abogados de Málaga para sustentar su demanda, una vez agotada la vía administrativa con la Junta de Andalucía. Los dos recursos de reposición que fueron planteados en su día fueron desestimados en sendas resoluciones dictadas por la Consejería de Justicia e Interior, de ahí que Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga, haya estimado oportuno encauzar la reclamación por esta nueva vía.

El Juzgado Contencioso-Administrativo de Sevilla deberá decidir ahora si procede o no el pago de los honorarios en los términos en los que son reclamados por el Colegio de Abogados.

El Caso Malaya, que comenzó a investigarse en 2005, es una de las causas más importantes abiertas en España contra la corrupción urbanística. La localidad de Marbella (Málaga) era el centro de operaciones, pero las ramificaciones de la trama se extendían por otros lugares de la península. Empresarios, abogados, personalidades públicas y políticos tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio tan polémico como mediático que duró casi dos años y del que se conocerá la sentencia, presumiblemente, durante la primera quincena del mes de septiembre.

Un subinspector de policía podría ser uno de los nuevos imputados en el Caso Madrid Arena

El Caso Madrid Arena, que investiga la muerte por aplastamiento de cinco mujeres jóvenes durante la celebración de una macrofiesta de Halloween la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 en el pabellón del mismo nombre en Madrid, añade a su lista un nuevo imputado: Emilio Rodríguez Corral, subinspector de policía. Así lo han solicitado, al menos, algunos de los abogados de las familias de las cinco jóvenes fallecidas en la tragedia.

Rodríguez Corral compareció el pasado 25 de julio ante el juez de instrucción número 51, Eduardo López Palop, para explicar cómo coordinó el establecimiento de las medidas de seguridad de la multitudinaria fiesta. Según sus palabras, solicitó verbalmente el aumento de los niveles de seguridad el mismo día de la fiesta tras haberlo consultado con un superior. Sin embargo, la jefa de la Unidad de Policía Municipal del distrito Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez, habría enviado cuatro agentes como refuerzo a la Plaza de los Cubos en lugar de hacerlo al lugar donde se estaba celebrando el evento.

Las tres horas y media de declaración no han convencido ni en fondo ni en forma a los abogados de las familias, que señalan que el subinspector de policía ha incurrido en numerosas contradicciones que chocan frontalmente con las versiones ofrecidas con anterioridad por sus mandos superiores, por lo que pedirán su imputación en la causa. Además, existen sospechas fundadas de que los informes policiales que se realizaron sobre los hechos podrían haber sido manipulados con posterioridad para esquivar responsabilidades.

Luis Rodríguez Ramos, abogado del Ayuntamiento de Madrid, también coincide en que la versión aportada por el subdirector no aporta luz alguna para el esclarecimiento de los hechos.

Según avanza la investigación y con los datos aportados por las distintas partes, las luctuosas muertes se debieron a una concatenación de malas prácticas, descuidos e imprudencias que provocaron la tragedia. El exceso de aforo está más que demostrado, ya que los organizadores vendieron 16791 entradas para un recinto que debía albergar solamente a 5000 personas. Las medidas de seguridad eran escasas y existió una absoluta falta de coordinación entre las empresas responsables. Y el servicio médico tampoco estaba preparado para prestar ayuda en una fiesta de tales características.

Una suerte de fatalidades que podrían haberse evitado con una planificación más exhaustiva y de las que tendrán que responder los imputados en el caso.

La juez Mercedes Alaya levanta ampollas con su prohibición de compartir abogado

Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, vuelve a estar de actualidad por una polémica medida que no ha sentado nada bien a los abogados que defienden a trece de los imputados.

Amparándose en que el derecho a la tutela judicial efectiva debe primar sobre el derecho a la defensa y aludiendo a un posible quebrantamiento del artículo 24 de la Constitución, la juez ha prohibido que trece de los imputados puedan compartir seis abogados.

Con esta medida, Alaya pretende evitar la indefensión de los imputados en el futuro si se produjera un conflicto de intereses entre ellos, tal y como explica en el auto que dictó el pasado 30 de julio. Al compartir defensa, la actuación de los abogados podría verse afectada si sus defendidos presentasen intereses opuestos, mermando su capacidad de actuación e, incluso, limitando el margen de maniobra de la defensa.

El Código Penal, en su artículo 467, establece una pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación de dos a cuatro años para ejercer la abogacía a todos aquellos letrados que incurran en deslealtad profesional, entendiendo por ella la defensa de imputados con intereses contrapuestos.

Sin embargo, esta decisión de la juez Alaya, que pretende salvaguardar los derechos de los acusados y de algún modo también la integridad profesional de los abogados, no ha sentado nada bien entre los letrados del caso y tampoco ha sido bien recibida por los estudiosos del Derecho.

Las principales críticas tildan la medida de inconstitucional, errónea y precipitada. No hay indicios para presuponer que pueda llegar a darse tal conflicto de intereses entre acusados en el futuro, de modo que esta decisión se adelanta a unos hechos que no han sucedido y que tampoco se puede asegurar que sucederán. La presunta inconstitucionalidad de la medida se debería a que la decisión impuesta por la juez impide que los acusados ejerzan su derecho a la libre elección de abogado, además de hacer planear la sospecha sobre la rectitud en el cumplimiento del código deontológico por parte de los abogados.

Los abogados del caso ya han recurrido el auto de la juez y solicitarán un informe al Consejo General de la Abogacía sobre una medida extraordinaria que cuenta con escasos precedentes. Habrá que esperar los resultados del recurso para poder valorar la decisión de la juez Mercedes Alaya. Mientras tanto, la polémica está servida.

El caso de los ERE de Andalucía se convierte en la mayor causa anticorrupción en España

Los 116 imputados que acumula la trama de los ERE irregulares en Andalucía han convertido este caso en la mayor causa anticorrupción en España. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, imputó a finales de julio a 23 personas más, entre las que se encuentran dos hijos del conocido empresario José María Ruíz Mateos, con lo que ya se supera la centena de implicados. No se descarta que se sigan añadiendo más nombres a la lista de imputados ya que la investigación que está realizando sobre el caso la Guardia Civil continúa abierta.

El caso del fraude de los ERE en Andalucía se remonta al año 2001, cuando se creó un fondo económico de 721 millones destinado a cubrir las indemnizaciones por expedientes de regulación de empleo que tuvieran lugar en las distintas provincias andaluzas. Javier Guerrero, a la sazón Director General de Empleo de la Junta de Andalucía y principal imputado en el caso, habría dispuesto el gasto de ese dinero en diferentes partidas de manera irregular.

Así, entre 2001 y 2010, se pagaron comisiones ilegales a los organismos que actuaron como mediadores para pagar las ayudas, se entregó dinero a empresas que no cumplían los requisitos para obtenerlo y se abonaron indemnizaciones a personas que ni siquiera pertenecían a las empresas beneficiarias de las ayudas. Al parecer, el propio Javier Guerrero habría utilizado también parte de esos fondos públicos para cubrir gastos personales que nada tenían que ver con el destino que debía darse a estas ayudas. Fuentes de la investigación del caso estiman que pueden haberse defraudado de este modo 136 millones de euros.

Los implicados en el fraude de los ERE irregulares pertenecen a diversos sectores sociales: desde altos cargos de la Junta de Andalucía como el propio Javier Guerrero, pasando por exsindicalistas como Juan Lanzas, que pertenecía entonces a UGT, consultoras como Vitalia o Uniter, que actuaron como intermediarias en las ayudas, hasta empresarios como los hijos de José María Ruíz Mateos, Javier y Pablo, y otras personas que cobraron dinero sin ni siquiera tener relación con las empresas que recibían las ayudas.

Todos ellos deberán explicar ante la Justicia su implicación y responsabilidad en los hechos. Además, trece de los imputados deberán buscar un nuevo abogado, tras la prohibición por parte de la juez Alaya de que compartan un mismo letrado.

Arnaldo Otegui no comparecerá en el juicio por el caso de las herriko tabernas

Arnaldo Otegui, que actualmente cumple condena en la prisión de Logroño, no tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 17 de octubre. Esa ha sido la fecha que ha señalado la Audiencia Nacional para que dé comienzo la instrucción del Sumario 35/12, popularmente conocido como el caso de las herriko tabernas.

El líder de la izquierda abertzale y secretario general de Sortu, que se enfrentaba en esta causa a una pena de entre 12 años de cárcel por los delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, no rendirá cuentas ante la justicia en esta ocasión. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo ha excluido del juicio.

El caso de las herriko tabernas se remonta a 2002, año en el que se descubrió que estos establecimientos, una serie de bares frecuentados por simpatizantes de la izquierda abertzale, formaban parte de una red de financiación propia orquestada por la organización terrorista ETA. Baltasar Garzón, en aquel momento titular del Juzgado de Instrucción número 5, procedió a la clausura y embargo de 75 de ellas. Son 110 las herriko tabernas que han sido declaradas responsables civiles subsidiarias en esta causa.

Arnaldo Otegui no comparecerá en el juicio debido a que ya ha sido juzgado y condenado en otro juicio reciente por pertenencia o colaboración con banda armada, al igual que José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia e Imanol Cortázar, también excluidos del caso por el mismo motivo.

La comparecencia de Arnaldo Otegui, que estaba prevista para el día 18 de noviembre, finalmente no tendrá lugar, pero casi 40 acusados comparecerán a lo largo de las vistas que está previsto que se celebren hasta el 17 de febrero de 2014.

Un grupo de juristas y periodistas del País Vasco han firmado un manifiesto en el que expresan su profundo rechazo a la celebración de este juicio que, en su opinión, viola los principios democráticos básicos y el derecho a un juicio justo para los acusados, entre otras cuestiones. Los firmantes del manifiesto, entre los que se encuentran los abogados Félix Cañada y Txema Montero, y diversas personalidades de la enseñanza universitaria del Derecho y del mundo del periodismo, sostienen que se trata de un juicio basado en especulaciones que nacen de informes policiales y no en pruebas fehacientes. Arnaldo Otegui no tendrá que someterse finalmente a él, pero no han corrido la misma suerte otros destacados dirigentes de la izquierda abertzale.